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Colectivo Praxis
La Haine.org
La reconstrucción de YPF se encuentra ahora en
manos de quienes participaron en su destrucción. Gran parte de la elite
actual de funcionarios protagonizó el desguace menemista de la empresa y
el remate de sus acciones. Su responsabilidad en el descalabro
energético de los últimos ocho años es inocultable. De Vido es la
antítesis de Mosconi. Por su despacho pasaron todas las autorizaciones
requeridas para convalidar el aniquilamiento de YPF.”
“Los principales problemas de la nueva YPF no se ubican
en el flanco externo. Es evidente que el gobierno decidió la
expropiación por necesidad y no por convicción. Estaba acuciado por la
caída de la producción y la consiguiente obligación de financiar
importaciones con los pocos recursos que tiene la Tesorería. Presionado
por esas circunstancias introdujo un giro de 180 grados en su idilio
previo con la empresa afectada. Negoció sin resultados un compromiso de
mayor inversión y finalmente optó por el choque con sus viejos socios.
La expropiación no forma parte de una estrategia prevista, ni obedece al
gran caudal de votos logrado en los últimos comicios.
La intervención de YPF y la introducción de una gestión estatal de
la empresa son medidas necesarias para comenzar a revertir la
depredación energética. Pero constituyen tan solo un punto de partida
para recuperar los recursos petroleros. Durante una década REPSOL lideró
el vaciamiento de pozos, reservas e instalaciones pre-existentes.
Extrajo lo máximo posible sin invertir y expatrió ganancias en forma
escandalosa. Esta conducta no irritó a ninguno de los críticos
neoliberales de la expropiación en curso. Ahora cuestionan la “violación
orden jurídico”, olvidando el total incumplimiento de los contratos por
parte de la firma. Esta doble vara es congruente con su habitual
aprobación de los atropellos contra los derechos de los asalariados o
jubilados. Nunca extienden a estos sectores los principios de la
seguridad jurídica.
Falacias neoliberales
Los derechistas están recreando los fantasmas del 2001-2005 y
repiten los mismos argumentos que difundieron luego del default.
Advierten contra las terribles consecuencias de “aislarse del mundo”,
omitiendo su récord de pronósticos fallidos. Algunos exculpan a REPSOL
afirmando que sufrió un castigo de precios desfavorables. Pero silencian
los sucesivos ajustes de los últimos años, la autorización para
liquidar divisas en el exterior y el permiso para exportar a costa del
auto-abastecimiento. Las objetadas retenciones móviles a las ventas
externas fueron una tenue compensación del terrible drenaje que sufrió
el país. Tampoco recuerdan que la falta de inversiones se remonta a los
años 90, cuando el combustible era muy caro en dólares.
Los voceros locales de REPSOL afirman que la expropiación
ahuyentará las inversiones, que se necesitan para recomponer la
producción. Pero el desarrollo petrolero de Argentina nunca provino de
los capitales foráneos. Fue un resultado de la propiedad estatal del
crudo y del equilibrio entre exploración y explotación de pozos, que se
logró mediante un sistema integrado de extracción, refinación y
comercialización. Este régimen fue demolido con la privatización y
debería ser recompuesto para reconstruir el abastecimiento.
Cualquier paso en esa dirección es visto por la derecha como una
expresión de “populismo, caja o demagogia nacionalista”. Pero con su
sostén de la privatización ya demostraron cómo conciben el ideal opuesto
de conductas republicanas, maduras y responsables.
Los defensores más descarados de REPSOL alertan contra el inminente
conflicto entre argentinos y españoles que suscitará la expropiación,
como si la firma afectada fuera la representación del pueblo ibérico. En
realidad es una empresa privada de dudosa propiedad hispana, puesto que
el grueso de su capital se encuentra distribuido en varios centros
financieros del mundo. Como se especializa, además, en localizar
sociedades en paraísos fiscales, potencia la evasión impositiva que ha
deteriorado las finanzas españolas, precipitando el brutal ajuste que
padece ese país.
REPSOL es naturalmente defendida por una monarquía y un gobierno
reaccionario, que continúan desplegando soberbia neo-colonial con
creciente despiste. La repetición local de esa diatriba es
particularmente chocante. Como la firma recurrirá a sus aliados de
Europa y el G 20 para generar un conflicto jurídico internacional, es
imperioso que Argentina se retire del CIADI. Ese tribunal ya tiene
preparado un fallo a favor de la petrolera.
¿Empresa mixta o estatal?
Los principales problemas de la nueva YPF no se ubican en el flanco
externo. Es evidente que el gobierno decidió la expropiación por
necesidad y no por convicción. Estaba acuciado por la caída de la
producción y la consiguiente obligación de financiar importaciones con
los pocos recursos que tiene la Tesorería. Presionado por esas
circunstancias introdujo un giro de 180 grados en su idilio previo con
la empresa afectada. Negoció sin resultados un compromiso de mayor
inversión y finalmente optó por el choque con sus viejos socios. La
expropiación no forma parte de una estrategia prevista, ni obedece al
gran caudal de votos logrado en los últimos comicios.
.La reconstrucción de YPF se encuentra ahora en manos de quienes
participaron en su destrucción. Gran parte de la elite actual de
funcionarios protagonizó el desguace menemista de la empresa y el remate
de sus acciones. Su responsabilidad en el descalabro energético de los
últimos ocho años es inocultable. De Vido es la antítesis de Mosconi.
Por su despacho pasaron todas las autorizaciones requeridas para
convalidar el aniquilamiento de YPF.
La iniciativa de expropiación es positiva, pero sus reales efectos
dependerán de las próximas medidas. Una decisión clave se juega en el
manejo de la indemnización. No se puede pagar por lo que es nuestro, ni
premiar con mayores fondos a quienes descapitalizaron la empresa.
Todavía hay que averiguar cuáles fueron las ganancias reales que acumuló
REPSOL con la distribución de utilidades a costa de los activos
energéticos y con la expansión internacional de la compañía, utilizando
los recursos del subsuelo nacional.
Antes de hablar de cualquier valuación de la empresa (por
cotización bursátil, contable o patrimonial) hay ver los resultados de
una auditoría, que esclarezca el estado de los pozos y de los daños
ambientales. Si se utilizan los fondos del ANSES, las reservas del Banco
Central o la emisión de nueva deuda para pagarle a REPSOL, se repetirá
la vieja historia de un estado bobo que se hace cargo de las pérdidas
ocasionadas por ex concesionarios.
La nueva YPF es concebida como una sociedad anónima, siguiendo un
modelo de empresa mixta muy distante de la vieja compañía íntegramente
estatal. Esta decisión es errónea y conspira contra el proyecto de
reconstrucción energética. No es casual que existan tantos ejemplos
internacionales de manejo totalmente público de un recurso vital. Ese
modelo de propiedad pública mantuvo la tasa de exploración requerida en
el pasado para un país como Argentina, que tiene reservas limitadas y de
costosa extracción.
La necesidad de un largo proceso de inversión no es compatible con
los idealizados esquemas de compañías mixtas, que ya fueron ensayados en
la primera etapa de privatización de YPF. Un test próximo de los
problemas que enfrenta este modelo, saldrá a flote cuando deba
resolverse la situación del grupo Eskenazi. Esta familia quedó como
socia minoritaria de la nueva YPF, luego de haber perpetrado un fraude
superior a las tropelías cometidas por REPSOL. Compró su participación
sin poner un solo peso, recurriendo a un crédito a pagar con la
distribución de utilidades. Su permanencia está en duda, desde el
momento que deberá cancelar ese préstamo con su propio dinero. Si se
concreta su deserción: ¿Quién se hará cargo de ese paquete? ¿El estado
mediante pérdidas adicionales? ¿O habrá una transferencia a otros
“capitalistas amigos” (Bulgheroni, Cristóbal López, Lázaro Báez,
Eurekian), que ya se quedaron con varias áreas sin realizar ninguna
inversión?
El peligro de la sociedad mixta no radica sólo en esos
favoritismos. La fuerte presencia del capital privado dentro de la
compañía exige operar con criterios de rentabilidad inmediata, que
obstruyen la prioridad inversora. Este modelo induce, además, al aumento
de los precios en boca de pozo por la presión por lograr mayores
utilidades, generando un encarecimiento adicional del combustible.
Gestión, legislación y propiedad
El gobierno promete una administración profesional de la nueva YPF.
Pero esta meta exige no sólo conocimientos técnicos, sino también gran
independencia del lobby petrolero. Si las firmas privadas participan del
directorio, aumentará el peligro de repetir los vicios del pasado
(endeudamiento indebido de la compañía) o incurrir en nuevos desaciertos
(uso de los recursos para financiar el bache de importaciones). Es
evidente la trascendencia de definir cómo se administrará la compañía y
ENARSA brinda un mal antecedente inmediato. Resulta imprescindible dotar
a YPF de un genuino control social, popular y de los trabajadores.
Pero el mayor problema radica en lo que sucederá con el 70% de la
actividad petrolera que actualmente se desarrolla fuera de YPF. El
gobierno no ha definido qué tipo de modificaciones se introducirán, en
un sector regido por principios neoliberales de libre disponibilidad del
crudo por parte de los concesionarios. La revisión de los contratos
suscriptos con esas normas recién ha comenzado y en su gran mayoría
afectó a pozos marginales. El proyecto de ley en curso no aclara qué
ocurrirá con el marco legal que habilitó la atomización del sector y la
proliferación de una gran variedad de gravosos convenios. Aquí se impone
la inmediata recuperación de la atribución del estado para controlar
toda la comercialización interna y externa, fijando las condiciones y
los precios de extracción y procesamiento.
La propiedad provincial del subsuelo constituye otro impedimento
para alcanzar esa meta. Mantiene el poder discrecional de los
gobernadores para manejar un recurso de toda la nación. El compromiso de
sindicatura común que se ha establecido con las provincias para el
manejo de YPF, no se extiende al resto del sector y sólo pospone la
necesidad de reintroducir la propiedad nacional. Marginar a las
provincias no petroleras de la nueva conducción de YPF no contribuye a
esa recomposición.
Con la expropiación se abre un nuevo capítulo de historia
petrolera. Hay condiciones nacionales e internacionales muy favorables
para reconstruir nuestro cimiento energético, avanzando hacia una
empresa totalmente pública. Sólo este esquema permitirá equilibrar los
costos de extracción con los precios requeridos para el desarrollo
industrial. Este manejo es indispensable para diversificar la matriz
energética, reducir la dependencia de los hidrocarburos y evitar un
mayor deterioro del medio ambiente.
El logro de estos objetivos exige afectar los intereses
capitalistas que hasta ahora protegió el gobierno y adoptar una actitud
soberana frente a las presiones externas. La movilización popular con
banderas propias es el gran instrumento para esta acción.
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